Cada vez que un hecho delictivo conmueve a la opinión pública, diversas voces se alzan solicitando mano dura. Pero aquí y en otros países, las políticas que se centran en un tratamiento policial del problema de la seguridad han demostrado su fracaso.En una reciente nota, Bernardo Kliksberg reseña el fracaso de la mano dura en países como El Salvador, Guatemala y Honduras. Como contrapartida, señala que “los países exitosos en seguridad ciudadana han sido los de exclusión cero, no los de tolerancia cero”. Nuestro ejemplo más doloroso es el de la policía bonaerense: con Duhalde en tiempos de Klodzcick o durante la gestión de Ruckauf, la apuesta política a la “solución policial” sólo sirvió para alimentar las prácticas autoritarias y delictivas enquistadas en diversos estamentos de la institución.
Por eso, a la luz de la experiencia vivida, resulta indispensable que establezcamos un conjunto de coincidencias esenciales para el diseño de una política de seguridad.
Empecemos por la que acabamos de señalar: así como hoy somos concientes que las políticas de ajuste sólo sirvieron para generar más exclusión y miseria, tengamos presente que las de mano dura sólo traen más delito y deterioro de la fuerza policial.
Si queremos ciudades más seguras, necesitamos hacerlas más justas, y eso siginifica políticas activas contra la exclusión. Cada peso que el estado invierte en generar empleo, mejorar la infraestructura social, brindar nuevas oportunidades educativas, contribuir al fortalecimiento familiar, la salud sexual y la procreación responsable y promover el deporte y la cultura, es una inversión social que terminará redituando en una convivencia más segura.
En ese contexto, resulta indispensable fortalecer el rol preventivo del accionar policial. La sistematización del 911 y la actuación preventiva a través del sistema de cuadrículas han sido un paso adelante que debe consolidarse con más agentes y más móviles y equipamiento afectados a la prevención del delito.
Debemos profundizar la transformación de la fuerza policial fortaleciendo la formación y la profesionalización y avanzando en su descentralización estratégica y operativa, como requisitos indispensables para que la actividad judicial y policial esté orientada a combatir a las bandas del crimen organizado y no a terminar llenando las cárceles de “perejiles”.
Así como en algún momento se avanzó en la creación de la Policía 2, ha llegado el momento de poner sobre la mesa de debate cuáles son los pasos a seguir para avanzar en la creación de la policía judicial, desdoblando definitivamente la función preventiva de la investigativa.
Hace falta una promoción más activa de la participación vecinal a través de los Foros de Seguridad, así como tomar registro del rol cada vez más activo que los municipios han asumido en la materia.
Hace falta una promoción más activa de la participación vecinal a través de los Foros de Seguridad, así como tomar registro del rol cada vez más activo que los municipios han asumido en la materia.
Son sólo algunos aspectos de un debate mucho más amplio que debemos dar con la responsabilidad de saber que, más allá de las diferencias políticas, debemos aportar a la consolidación de una auténtica política de estado en materia de seguridad que parta de un consenso amplio y tenga continuidad y permanencia.No necesitamos mapas truchos del delito o interminables campañas publicitarias que nadie sabe cómo se pagan: no nos traerán soluciones los que viven de hacer política con el dolor ajeno.